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Con 14 presidentes o vicepresidentes actuales o retirados
presos o condenados en primera instancia o procesados o investigados, 2017 fue
el año en el que la lucha contra la corrupción dejó mayores huellas en los
niveles más altos de gobierno en América latina.
Este año cayeron presos el vicepresidente de Ecuador, Jorge
Glas, el ex presidente de Perú Ollanta Humala y el ex vicepresidente de la
Argentina Amado Boudou, y fue condenado a prisión en primera instancia -por lo
que aún no la cumple efectivamente- el ex mandatario de Brasil Luiz Inácio Lula
da Silva.
El caso más reciente es el de Glas, a quien la Corte
Nacional de Justicia ecuatoriana condenó el miércoles pasado a seis años de
prisión por considerarlo parte de una asociación ilícita que recibió 33,5
millones de dólares en sobornos a cambio de asignar obras públicas a la
constructora brasileña Odebrecht.
Boudou fue encarcelado el 3 de noviembre, luego de que le
dictara prisión preventiva el juez Ariel Lijo, quien lo investiga por la
presunta comisión de lavado de activos en el caso de la adquisición irregular
de la imprenta Ciccone.
Humala está en la cárcel desde el 14 de julio. La justicia
le impuso prisión preventiva por 18 meses mientras investiga si efectivamente
incurrió en asociación ilícita y lavado de activos.
Él y su esposa, Nadine Heredia, presidenta del Partido
Nacionalista Peruano (PNP) que ambos fundaron, están acusados de haber recibido
tres millones de dólares de Odebrecht para la campaña electoral de 2011, entre
otros hechos.
El 12 de julio, Lula fue condenado en primera instancia a nueve
años y medio de prisión por el juez a cargo de la operación Lava Jato -la
investigación del multimillonario desvío ilegal de fondos de la petrolera
estatal Petrobras a través de empresas contratistas-, Sérgio Moro, quien lo
halló culpable de corrupción pasiva y lavado de activos. Sigue libre mientras
la sentencia no esté firme.
Lula, que también está procesado en otras cuatro causas, se
convirtió en el primer ex presidente brasileño condenado por recibir sobornos.
También se le dictó prisión preventiva al ex presidente
peruano Alejandro Toledo, quien permanece en Estados Unidos. Ex ejecutivos de
Odebrecht declararon que le pagaron sobornos por 20 millones de dólares.
Como Toledo no volvió a Perú, el gobierno lo incluyó en la
lista de los más buscados del país, ofreció una recompensa para quien aporte
datos que ayuden a detenerlo, libró una orden internacional de captura y pidió
su extradición a Estados Unidos.
La ex presidenta argentina y actual senadora Cristina
Fernández de Kirchner fue procesada este mes por traición a la patria y
encubrimiento agravado de los autores del atentado a la AMIA. El juez Claudio
Bonadio pidió al Senado el desafuero de la acusada, para poder encarcelarla
preventivamente.
El 30 de noviembre, la Cámara Federal confirmó el procesamiento
de Fernández de Kirchner por asociación ilícita y lavado de dinero -y le agregó
admisión de dádivas- que Bonadio había dispuesto en abril, cuando además
dispuso que se le embargaran bienes por más de 74 millones de dólares.
El 13 de septiembre renunció el vicepresidente de Uruguay,
Raúl Sendic, acusado de haber utilizado la tarjeta de crédito corporativa de la
empresa estatal Ancap -que presidió antes de ocupar el último cargo- para pagar
consumos personales.
Sendic ya había sido cuestionado en 2016 por sus gastos en
los viajes oficiales como vicepresidente y por descubrirse que fingía un título
universitario que no tenía.
Asimismo, el presidente de Brasil, Michel Temer, sorteó una
iniciativa para someterlo a juicio político y será investigado a partir de
2019, una vez que termine su mandato, luego de que empresarios lo acusaran de
pedir contribuciones ilegales para su partido.
El aluvión anticorrupción podría llevarse puesto al
presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, si prospera una moción de destitución
propuesta por la mayoría fujimorista del Congreso que será votada la semana
próxima.
Otro ex presidente de Perú, Alan García, es investigado por
la Fiscalía Antilavado, ante la existencia de indicios de que lideró una red
que desde 1991 blanquea activos provenientes de hechos de corrupción.
En Brasil, además, ejecutivos de empresas que se
convirtieron en colaboradores de la Justicia tras ser encarcelados mencionaron
por diversos delitos -sobre todo, financiación ilegal de campañas- a los ex
presidentes José Sarney, Fernando Collor de Mello, Fernando Henrique Cardoso y
Dilma Rousseff.
A todos ellos pueden sumarse otros ex mandatarios presos o
condenados con anterioridad a este año en la región.
El ex presidente argentino Carlos Menem fue condenado en
2015 a cuatro años y medio de prisión por peculado, pero sigue ejerciendo como
senador mientras la sentencia no esté firme.
En Guatemala, el ex presidente Otto Pérez Molina y la ex
vicepresidenta Roxana Baldetti están presos por corrupción desde 2015, tras
renunciar antes de que finalizaran sus mandatos.
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