Publicado en Ideas & Protagonistas, 7/12/2016.
La próxima asunción de Donald Trump es una amenaza para
México, pero está lejos de ser la única. En todo caso, lo que hará el próximo presidente
de Estados Unidos ‒aun cuando cumpla menos de la mitad de sus promesas de
campaña‒ será agregar problemas a una situación ya de por sí muy complicada, a
la que ni el gobierno ni la dirigencia política le encuentran solución. Y que,
al paso que va, promete la posibilidad de una salida impensada para las
elecciones presidenciales de 2018.
Las amenazas de Trump son básicamente migratorias y
comerciales. Que es lo mismo que decir que son económicas.
Trump prometió en la campaña que si llegaba a la Presidencia
expulsaría de Estados Unidos a todos los inmigrantes ilegales, y calculó que
son unos 11 millones. Inmediatamente después de ganar las elecciones dijo ‒a
través de uno de sus asesores, uno de sus medios predilectos junto a Twitter‒
que solo deportaría a los inmigrantes que además de no tener sus documentos en
regla tengan antecedentes criminales, y estimó que son unos tres millones. El
gobierno de México tiembla porque cree que hay unos cuatro millones de
mexicanos indocumentados en Estados Unidos y si regresaran triplicarían la tasa
de desempleo (actualmente de 4% de la población económicamente activa,
equivalente a unos dos millones de personas), porque no hay más puestos de
trabajo. Si ello ocurre, es razonable esperar que, además, provoquen una caída
de los salarios, con el efecto consiguiente sobre la actividad económica.
También en la campaña, Trump avisó que revisaría los
acuerdos comerciales que, a su juicio, perjudican a Estados Unidos, y puso el
acento en la posibilidad de retirar a su país del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (Nafta, en inglés) que comparte con Canadá y México. “No creo
que estemos buscando despedazar el Nafta, sino que lo que queremos hacer es
ajustarlo a la medida adecuada y hacerlo más justo”, suavizó este lunes otro de
sus asesores ante un grupo de empresarios. Hasta ahora, sin embargo, el
presidente electo logró torcerle el brazo a la fábrica de acondicionadores de
aire Carrier, que tenía resuelto mudar una de sus plantas industriales de
Indiana a México, donde crearía unos 1.400 puestos de trabajo. Lo consiguió
bajo la amenaza de imponer un arancel de 35% no solo a Carrier, sino a
cualquier empresa estadounidense que fabrique fuera de Estados Unidos y quiera
importar sus productos. Si efectivamente Trump aplicara ese arancel, es
pertinente preguntarse qué sucederá con las muchas compañías estadounidenses
que venden en Estados Unidos parte de lo que fabrican fuera del país. Varias de
estas empresas, como General Electric y Federal Express, tienen plantas en
México. ¿Las cerrarán?
Mientras tanto, una firma de asesores financieros vaticinó
que la inversión extranjera directa en México podría derrumbarse de 20.000
millones de dólares este año a 5.000 millones en 2017 debido a las políticas de
Trump. Al respecto, las autoridades mexicanas no trajeron calma. El secretario
de Finanzas, Antonio Meade, afirmó que “ante la volatilidad de los mercados, la
incertidumbre existe”. El gobernador del Banco de México (banco central),
Agustín Carstens, admitió que las declaraciones de Trump sobre el Nafta aportan
“incertidumbre” a la hora de definir proyectos de inversión. Y en un informe
publicado este lunes, el Banco de México señaló que debido a “la retórica
proteccionista” del próximo jefe de la Casa Blanca “existe la posibilidad de
que la economía mundial permanezca en una fase prolongada de bajo crecimiento,
lo que podría dar lugar a menores tasas de crecimiento en México”.
El factor Trump sigue desconcertando al gobierno de México.
El secretario de Hacienda, Ildefonso Guajardo, pidió la semana pasada a
empresarios mexicanos y estadounidenses “resistir” a las “presiones” del
presidente electo con respecto al Nafta y advirtió que si Washington
efectivamente aumentara los impuestos a la importación de bienes, México se
vería obligado a “reequilibrar” su política arancelaria, obviamente con medidas
recíprocas. Guajardo recordó que “hay 15 sectores estratégicos estadounidenses
que dependen de las compras en México” y subrayó que “es evidente que si se
ponen barreras arancelarias entre México y Estados Unidos no ayuda a nadie,
porque lo único que desata es una guerra de aranceles”.
Pareció por un momento que el llamado a la resistencia de
Guajardo reflejaba una nueva postura del gobierno mexicano, mucho más firme,
ante el factor Trump. Pero no. Según fuentes de la cancillería citadas ayer por
la revista Proceso, el presidente Enrique Peña Nieto piensa acelerar la entrega
del capo narcotraficante Joaquín El Chapo
Guzmán a Estados Unidos. Guzmán es “una carta importante en la baraja de
opciones de Peña Nieto para empezar a quedar bien con el próximo presidente
estadounidense”, explicó la fuente.
Aun cuando sus colaboradores puedan estar realizando
negociaciones secretas más equilibradas, esa decisión debilita a Peña Nieto ante
Trump a la vista de la opinión pública y recuerda el episodio de la campaña,
cuando el presidente mexicano invitó a los dos grandes competidores por el
Salón Oval de la Casa Blanca y el tiro le salió por la culata, porque Hillary
Clinton rechazó la invitación y Trump la aceptó pero luego desmintió
públicamente la versión de Peña Nieto sobre lo que conversaron.
Al margen de Trump, México tiene al menos cuatro problemas
serios y complejos. Uno de ellos es la economía, que no logró despegar pese a
las reformas estructurales impulsadas por Peña Nieto y sancionadas por el
Congreso, en particular la energética y la impositiva. Otro es la educación,
eje de otra gran reforma que aún hoy es resistida por amplios sectores de la
docencia y que, a juzgar por los resultados de las pruebas PISA conocidos esta
semana, tampoco dio resultados positivos.
Otro es la violencia. Al asumir hace cuatro años, Peña Nieto
eliminó la política de combate militar al crimen organizado que había llevado
adelante su antecesor, Felipe Calderón, y que solo había conseguido elevar a
niveles récord la cantidad de víctimas. Probó con distintos métodos, tales como
alentar la formación de autodefensas y luego estatizarlas, pero, si bien
consiguió mejorar un poco los indicadores, la situación sigue muy lejos de
encaminarse hacia una solución.
Paralelamente, casos como el de los 43 estudiantes
desaparecidos en el estado sureño Guerrero pusieron a la vista la vinculación
entre violencia, crimen organizado y corrupción, que es el otro gran problema
actual de México. La corrupción ya no es patrimonio exclusivo del Partido
Revolucionario Institucional (PRI, centrista), aquel que había gobernado 70
años consecutivos hasta 2000 como virtual partido único y volvió a la
administración central en 2012, con Peña Nieto. México tiene ahora una
democracia tetrapartita, en la que el Partido Acción Nacional (PAN,
conservador, que gobernó el país entre 2000 y 2012), el Partido de la
Revolución Democrática (PRD, centroizquierdista) y el más nuevo Movimiento
Regeneración Nacional (Morena, izquierdista) se reparten gobernaciones,
alcaldías, chances de llegar al gobierno nacional y escándalos de corrupción.
En su libro más reciente ‒Sólo así: por una agenda ciudadana independiente, publicado este
año‒, el economista e historiador Jorge Castañeda, quien viró desde su
militancia juvenil en el Partido Comunista a su función como canciller del
presidente conservador Vicente Fox, sostiene que el Estado mexicano está “cojo,
manco y decapitado”, que solo puede ser restaurado por un gobierno ajeno a los
partidos y que las elecciones de 2018 no deben ser una competencia entre
izquierda y derecha sino un referendo sobre la partidocracia y sus
beneficiarios, como en 2000 lo fue acerca de la permanencia del PRI en el
manejo de la cosa pública. Pero también advierte sobre los riesgos de la
antipolítica: “No todos los independientes son demagogos y populistas, pero
tampoco los outsiders son por
definición independientes”. Castañeda cree que para que la democracia funcione
se precisan partidos, aunque no necesariamente los actuales. Sin embargo,
observa que el rechazo de la ciudadanía a la corrupción y a las estructuras
políticas vigentes es creciente.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario